El Gobierno apartó a Miriam Améndola tras la controversia por términos ofensivos en el Boletín Oficial
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) decidió desvincular a Miriam Améndola, quien había sido nombrada coordinadora de Fiscalización Médica. La medida se tomó tras la publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. El documento contenía términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad intelectual, lo que generó un fuerte rechazo.
El texto utilizaba expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, lo que provocó la reacción de organizaciones especializadas. El Gobierno responsabilizó a Améndola y a Tatiana Alvarado, su antecesora en el cargo. Alvarado había trabajado en la redacción del documento antes de dejar su puesto.
El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, confirmó la salida de Améndola y calificó la situación como grave. Hasta el momento, no se anunciaron más medidas dentro del organismo.
El Gobierno admitió el “error” y anunció cambios en la resolución
Tras el escándalo, el Ejecutivo aseguró que el uso de estos términos fue un “error” y negó cualquier intención discriminatoria.
“Se trató de un descuido al emplear conceptos médicos en desuso”, indicaron desde la ANDIS. También explicaron que dichos términos dejaron de usarse en psiquiatría por su carácter peyorativo.
El organismo informó que corregirá la resolución, aunque los criterios de evaluación del baremo se mantendrán sin cambios.
La clasificación que desató la polémica
El Anexo I de la Resolución 187/2025 establecía una categorización basada en coeficientes intelectuales (CI) con términos obsoletos:
• CI 0-30: “Idiota”. Sin capacidad de lectura ni escritura. Sin control de esfínteres ni posibilidad de autonomía.
• CI 30-50: “Imbécil”. Puede realizar tareas básicas y atender necesidades elementales.
• CI 50-60: “Débil mental profundo”. Capacidad de firmar y vocabulario reducido.
• CI 60-70: “Débil mental moderado”. Conocimientos matemáticos simples y aptitud para trabajos de baja exigencia.
• CI 70-90: “Débil mental leve”. Escolaridad primaria o secundaria. Puede desempeñar tareas más complejas.
El documento también definía la discapacidad intelectual como un “déficit en el crecimiento mental” y un “trastorno caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”. Especialistas criticaron fuertemente estas expresiones.
Rechazo de organizaciones y pedido de cambios
Diversas entidades defensoras de los derechos de las personas con discapacidad manifestaron su repudio. También exigieron medidas concretas para evitar situaciones similares en el futuro.
Desde la Asociación de Familias y Personas con Discapacidad (AFYD) calificaron el lenguaje como inaceptable. “Las palabras importan. El Estado debe garantizar un trato digno y respetuoso”, expresaron en un comunicado.
La Asociación Argentina de Psiquiatría Social también criticó la resolución. Advirtieron que “el uso de terminología obsoleta refuerza prejuicios y estereotipos dañinos”.
Cambios en la normativa y próximos pasos
El Gobierno confirmó que modificará la resolución y eliminará los términos discriminatorios.
Diego Spagnuolo aseguró que especialistas en discapacidad y lenguaje inclusivo colaborarán en la redacción del nuevo documento. Buscan garantizar un marco regulatorio que respete la dignidad de las personas.
Más allá de la corrección, el caso expone la necesidad de mayor control y sensibilidad en la elaboración de normativas que afectan a grupos vulnerables.
