Más de un millón de pensiones serán revisadas
El Gobierno Nacional llevará a cabo una auditoría exhaustiva de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los datos recientes revelaron que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos para acceder al beneficio. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI se encargarán de esta tarea para garantizar que los criterios de selección se respeten.
Irregularidades detectadas en revisiones previas
En la auditoría realizada en diciembre de 2024, se identificaron múltiples anomalías. Se encontraron 212 pensiones cobradas por personas privadas de su libertad y otras 150 asignaciones otorgadas a beneficiarios fallecidos. Estos hallazgos impulsaron la decisión del Gobierno de reforzar los controles para mejorar la transparencia en el sistema.
Nuevos criterios para determinar la invalidez laboral
Además de la auditoría, el Ejecutivo implementó una actualización de las condiciones para evaluar la invalidez laboral. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial, fue diseñada por especialistas en medicina legal-laboral. Los baremos incluidos permiten analizar el deterioro psicofísico de los solicitantes y clasificarlos según su gravedad. Así, se asegura que el beneficio se otorgue únicamente a quienes lo necesiten.
¿Cómo se realizará la auditoría?
Primera etapa: Evaluaciones presenciales
En la primera fase, médicos del PAMI visitarán diferentes regiones para entrevistar a los beneficiarios y realizar controles médicos. Este trabajo territorial permitirá obtener información directa y actualizada sobre cada caso.
Segunda etapa: Análisis de datos
Con los resultados de las visitas, se procesará toda la información recolectada para determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos exigidos.
Tercera etapa: Resoluciones finales
Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán dictámenes que decidirán si corresponde mantener o suspender cada pensión.
Un paso hacia una gestión más eficiente
El Gobierno busca garantizar que las pensiones por invalidez laboral se asignen a quienes realmente las necesitan. Este proceso no solo optimiza los recursos públicos, sino que también refuerza la confianza en el sistema de prestaciones sociales.
Gracias a este enfoque, se espera un sistema más justo, eficiente y alineado con las necesidades reales de la población.
