Las autoridades judiciales de Oberá, Misiones, investigan un caso que ha conmocionado a la comunidad local. Dos hermanas, de 30 y 33 años, se encuentran detenidas desde septiembre de 2024, acusadas de abuso sexual infantil. El alcance del caso podría ser mayor al inicialmente reportado, ya que los investigadores sospechan que más menores habrían sido víctimas.
Avance en la investigación
Con el objetivo de determinar la cantidad total de afectados, los padres de varios niños han sido contactados para que sus hijos sean entrevistados en Cámara Gesell. Estas entrevistas buscarán confirmar o descartar su posible vínculo con los hechos denunciados.
Según fuentes judiciales, las imputadas habrían entablado relaciones de confianza con menores de los barrios San José y Sapucay. Una vez que los niños accedían a sus domicilios, las acusadas habrían llevado a cabo actos sexuales y filmado los abusos. También se las señala por instigar a los menores a cometer delitos bajo amenazas de exponer dichos videos.
Antecedente de las acusadas
Ambas mujeres enfrentan cargos por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Una de ellas, además, cumplía prisión domiciliaria por una condena previa relacionada con el tráfico de estupefacientes. Las imputadas se negaron a declarar ante el juez Horacio Alarcón, del Juzgado de Instrucción 2 de Oberá.
Se investiga también si una de las hijas de las acusadas, una adolescente de 13 años, habría sido víctima de trata de personas al ser presuntamente ofrecida para prostitución.
Procedimientos judiciales pendientes
Dado que la feria judicial está en curso, las pericias en Cámara Gesell no se realizarán hasta febrero de 2025, cuando se reanude la actividad judicial. Los fiscales y el equipo investigador continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer por completo los hechos denunciados.
Reacciones de la comunidad
El caso ha generado una gran conmoción en la sociedad obereña, que exige justicia y protección para las víctimas. Organismos de derechos del niño han señalado la importancia de garantizar que los menores reciban apoyo psicológico y protección durante el proceso judicial.
