El Gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, respondió con dureza al reciente informe publicado por Amnistía Internacional (AI), titulado “Uso excesivo de la fuerza” . El documento critica el accionar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, señalando presuntas violaciones a los principios básicos de la ONU sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Bullrich calificó las conclusiones de AI como «ridículas» y acusó a la organización de estar «alejada de la realidad social».
Las Críticas de Amnistía Internacional
El informe de AI documenta diversas situaciones en las que se denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones pacíficas. Según la organización, se registraron casos de uso excesivo de gases lacrimógenos, balas de goma y bastones. Además, se señala que estas acciones, lejos de ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, han resultado en graves lesiones a los manifestantes, incluyendo heridas en la cara y el cuerpo superior.
AI también destacó una «persecución penal constante» contra quienes participan en las manifestaciones, denunciando detenciones recurrentes bajo cargos como resistencia a la autoridad, aunque en muchos casos los detenidos fueron liberados pocas horas después.
La respuesta del gobierno
Patricia Bullrich cuestionó de manera tajante el informe de Amnistía Internacional, afirmando que la organización «no entiende nada» sobre las políticas de seguridad implementadas en Argentina. En declaraciones a El Observador FM , sostuvo que el protocolo antipiquetes se diseñó para resolver un problema de décadas en el país: “Un país que hace 25 años tenía piquetes, con la gente extorsionada. Logremos terminar con eso con la mínima violencia”.
La ministra también acusó a AI de estar influenciada por una perspectiva ideológica que, según ella, protege a los victimarios y desatiende a las víctimas. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros?”, expresó Bullrich, subrayando que el Gobierno prioriza la protección de “los 46 millones de argentinos víctimas” de piquetes y extorsiones”.
Un debate dividido
El cruce entre el Gobierno y Amnistía Internacional pone de relieve el debate en torno al equilibrio entre la seguridad pública y los derechos humanos. Por un lado, las autoridades defienden la necesidad de garantizar el orden y prevenir el caos en las calles. Por otro, los organismos internacionales advierten sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales en el proceso.
El informe de AI señala que el uso de armas menos letales, como balas de goma, no ha respetado los estándares internacionales, ya que las fuerzas de seguridad habrían apuntado a partes superiores del cuerpo, lo que podría considerarse un uso indebido. Mientras tanto, Bullrich insiste en que estas medidas se aplican con «la mínima violencia» y en favor de la mayoría de los ciudadanos.
