Organismos y referentes en derechos humanos advierten que bajar la imputabilidad a 14 años sería inconstitucional y violaría tratados internacionales.
Fuertes críticas al dictamen aprobado en Diputados
Un amplio grupo de jueces, defensores de derechos humanos y referentes de distintas provincias, incluyendo Misiones, expresaron su oposición al dictamen de mayoría emitido el pasado 6 de mayo. Este dictamen, surgido de una reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, promueve una reforma a la ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
El proyecto busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, algo que los firmantes consideran “inconstitucional y anticonvencional”. Argumentan que esta modificación contradice las recomendaciones de organismos internacionales, que proponen mantener la edad mínima en 16 años sin aumentar penas.
Un cambio promovido por el oficialismo
La iniciativa original, impulsada por el oficialismo nacional, pretendía bajar la edad incluso hasta los 13 años. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fueron impulsores clave del proyecto. La aprobación del dictamen fue presentada como un logro por parte del oficialismo.
Argumentos en contra de la reforma
Entre quienes se oponen a la propuesta está el doctor César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). Esta organización, con sede en el Vaticano, promueve los derechos sociales desde una perspectiva franciscana.
El comunicado de rechazo destaca que el proyecto no toma en cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Advierten que se trata de un sistema regresivo que desvirtúa el principio de especialidad del derecho penal juvenil.
Firmantes del rechazo
Al comunicado adhirieron:
- Gustavo Daniel Moreno (Ajunap)
- Ariel Cejas Meliare (Procurador Penitenciario adjunto)
- Juan Manuel Irrazábal (Comité Nacional para la Prevención de la Tortura)
- Rossana Marlí Franco (Defensora de Derechos de NNyA)
- Leandro Javier Drube (Santiago del Estero)
- Amelia López (Córdoba)
- Juan Pablo Meaca (NNyA)
- Fernando Ávila (Asociación Pensamiento Penal)
- Gabriel Savino (Santa Fe)
Posibles consecuencias internacionales
Los firmantes advierten que la aprobación del proyecto podría derivar en denuncias y sanciones ante organismos internacionales. Recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 24 (2019), recomienda no reducir la edad de responsabilidad penal en ningún caso.
Además, señalan que en su informe sobre Argentina, el Comité expresó preocupación por la falta de avances en esta materia, e instó a mantener la edad mínima en 16 años, sin endurecer las penas.
Principales objeciones al dictamen
- Contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Falta de políticas públicas para adolescentes no punibles.
- Riesgo de medidas regresivas como el agravamiento de penas.
- Posibilidad de detención en cárceles comunes.
- Alto costo para provincias que ya aplican sistemas acordes a la Convención.
Concluyen que el porcentaje de delitos cometidos por menores es muy bajo y que esta reforma implicaría un retroceso en materia de derechos, además de costos innecesarios.
Qué dice el dictamen aprobado
El dictamen establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, con imputabilidad desde los 14 años. Plantea que las penas no deben superar los 15 años, y que los adolescentes deben ser alojados en espacios adecuados, separados de adultos y con personal especializado.
La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) informó que el dictamen de mayoría recibió 77 firmas. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon que presentarán dictámenes alternativos.
Fuente: El Territorio
