El Gobierno nacional formalizó la medida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
La normativa busca frenar el crimen organizado con nuevas herramientas legales
La ciudad de Rosario fue designada como la primera en Argentina donde se aplicará la Ley Antimafias, una normativa aprobada en marzo de este año para combatir el crimen organizado. La decisión se oficializó este viernes a través de la Resolución 572 del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich.
El objetivo es implementar acciones judiciales y operativas más rigurosas contra bandas delictivas que operan en la ciudad santafesina. La medida responde a un contexto de alta conflictividad, marcado por delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos.
Qué permite la Ley Antimafias
La Ley 27.786 otorga herramientas ampliadas a la Justicia y a las fuerzas federales para intervenir en zonas de alta criminalidad. Entre sus facultades se incluyen:
- Detenciones por averiguación de delitos.
- Interceptación de llamadas telefónicas.
- Incautación de bienes y mercaderías.
- Rastrillajes y allanamientos con autorización judicial.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que impone la misma pena a todos los miembros de una organización delictiva, sin importar su rol dentro de la banda.
Rosario será “zona sujeta a investigación especial”
El Ministerio de Seguridad solicitó formalmente a los magistrados federales que declaren a Rosario como “zona sujeta a investigación especial”, en el marco del artículo 4° de la ley. Esta disposición permite aplicar la normativa cuando hay delitos reiterados y graves cometidos por organizaciones que buscan controlar un territorio.
La decisión se fundamenta en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que identificó grupos delictivos con estructuras organizadas y actividades reiteradas en la ciudad.
Coordinación con Santa Fe y el Plan Bandera
La aplicación de la ley en Rosario se enmarca en la segunda etapa del Plan Bandera, una estrategia conjunta del Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro había solicitado formalmente esta medida, tras conformar un Comité de Crisis en marzo de 2024 a raíz de una ola de violencia.
